Por: Catalina Ibaceta, Coordinadora de Incidencia Fundación Justicia Interespecie Chile.
Tanto quienes abogamos por la protección animal, como conservacionistas y sectores que actualmente impulsan los dos proyectos de ley que buscan permitir la matanza de perros (boletines refundidos N° 16.962-01 y 18.269-01; boletín N° 18.400-01), estamos de acuerdo en al menos un punto: el control poblacional canino es un tema relevante, que necesita propuestas concretas de solución, porque la situación de abandono y ataques, ya sea a humanos u otros animales, no da para más. La diferencia está, claramente, en el enfoque.
Por dar un ejemplo, llama la atención que el Centro de Políticas Públicas de la UC haya publicado en abril de este año un informe de posición llamado “Hacia una estrategia nacional de bienestar animal integral y protección de la salud pública y cuidado del medio ambiente”, que recomendaba sin más que “Carabineros, Policía de Investigaciones y funcionarios municipales” estuvieran “facultados para capturar y aplicar eutanasia inmediata en casos de ataque a personas o amenaza inminente a la seguridad pública”, sabiendo que eso no corresponde a una eutanasia, si no llanamente es control letal y que no son personal veterinario competente para realizarla.
Sin embargo, como señalan estudios, luego de las matanzas existe un aumento de población, siendo superior a la existente antes del control letal, ya que las tasas de reemplazo poblacional son altas y rápidas (Yoak et al 2023; Nunes et al 2008, Moreira et al 2004, Palmas et al 2020). Pensemos que en Chile continúa la venta de animales, la falta de cultura de esterilización y el abandono animal, que es el origen de aquellos perros que luego deambulan sin cuidado humano. Por eso, el entusiasmo por la matanza no solo es peligroso, es ineficiente.
Lo irónico es que no se han podido generar intervenciones eficaces en la materia debido, justamente, a la falta de sensibilidad y el paradigma imperante de desvalorización de las vidas de los animales, que no permite pensar soluciones en profundidad, como se haría si se tratara de una problemática exclusivamente humana. Por esto, tenemos una Ley de Tenencia Responsable que centra la responsabilidad del abandono y sus consecuencias en los individuos y no considera al Estado como actor fundamental para generar una política pública de protección animal y control poblacional, obviando los factores socioculturales detrás del abandono y la violencia hacia los animales.
Nos encontramos entonces con una ley que, además de estar redactada con exceso de verbos condicionales que no obligan, señalando por ejemplo que, «el Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrá priorizar la educación para la tenencia responsable de animales…»; y que «las municipalidades podrán establecer, en el marco de su disponibilidad presupuestaria, fondos concursables a los cuales podrán postular las personas jurídicas sin fines de lucro”, no deja a ningún organismo a cargo del diseño y coordinación de una estrategia nacional de control poblacional ético canino felino, con las competencias necesarias para coordinar a los distintos actores y trabajar con metas de esterilización basadas en modelos poblacionales, indispensable para ver resultados positivos.
El Programa de Tenencia Responsable (PTRAC), que depende de SUBDERE, tiene la función de administrar recursos y financiar proyectos de prestaciones veterinarias, y no cuenta hoy con las atribuciones para definir y exigir metas de esterilización a las municipalidades, planificar intervenciones especiales en zonas de alto riesgo o coordinar esfuerzos con los gobiernos regionales, que también entregan financiamiento para esterilizaciones.
Finalmente, esta situación ha derivado en un problema macro de gestión a nivel de municipalidades, que no saben cómo y a cuántos animales esterilizar para detener y comenzar a disminuir los nacimientos de perros y gatos, o que su nivel de compromiso con el tema depende totalmente de la voluntad y cultura institucional interna. Mientras, continúan naciendo más camadas, continúa el abandono y los efectos que nadie quiere.
En Colombia se entendió la necesidad de generar una política pública seria y consistente, con una ley que crea el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros como medida de protección animal, ambiental y de salud pública. Esta ley deja un organismo expresamente a cargo de coordinar el programa, con competencias establecidas expresamente, señalando que se trabajará con metas e indicadores de esterilización, y que las entidades territoriales deberán armonizar sus planes de desarrollo con las obligaciones contenidas en la ley y reglamentos.
Sería bueno, como país, dejar de poner el foco en proyectos de ley que no resuelven el problema de fondo, que dividen y fomentan una cultura de violencia, y centrar los esfuerzos en dar las competencias necesarias a PTRAC para que pueda constituirse como con un organismo experto capaz de diseñar y coordinar una estrategia nacional de control poblacional basada en metas, donde se esterilice al porcentaje necesario para ver una disminución poblacional, además de implementar campañas comunicacionales de educación y sensibilización continuas, fundamentales si queremos cambiar la realidad del abandono y sus efectos.
