Por: Marco Vásquez Ulloa, Contador Público y Auditor, Ingeniero Comercial, Académico, Director de Finanzas y Desarrollo de Personas de la Universidad de la Frontera, sede Temuco.
En la gestión pública existe una delgada línea entre coordinar eficazmente el Estado y pretender ocuparlo en su totalidad. En los últimos años, ha emergido con fuerza una lógica que, aunque no siempre se nombra, se percibe en la práctica: el “copamiento”. Más que una herramienta de gestión, se trata de una forma de ejercer el poder donde la prioridad no es solo gobernar, sino controlar cada espacio posible de decisión e influencia.
Desde la perspectiva de la gerencia social, este fenómeno no es nuevo. Ya el filósofo italiano Antonio Gramsci advertía que el poder no se sostiene únicamente en la coerción, sino en la capacidad de construir hegemonía en la sociedad civil. La disputa por el sentido común, por los espacios institucionales y culturales, forma parte de esa lógica. Sin embargo, cuando esta búsqueda de hegemonía se transforma en ocupación sistemática de todos los espacios, se tensiona el pluralismo que sustenta la democracia.
Por su parte, Michel Foucault nos recordaba que el poder no solo se concentra, sino que circula a través de redes, instituciones y discursos. En ese marco, el copamiento puede entenderse como un intento de rigidizar esa circulación, concentrando su flujo en torno a una sola racionalidad. El problema es que, al hacerlo, se empobrece la capacidad del sistema para adaptarse a la complejidad social.
Desde una mirada más institucional, Max Weber defendía la importancia de una burocracia profesional, basada en el mérito y la racionalidad técnica. Cuando los espacios del Estado comienzan a ser ocupados bajo lógicas de alineamiento político más que de competencia, no solo se debilita la eficiencia, sino también la legitimidad de las instituciones. La ciudadanía percibe entonces que el Estado deja de ser un espacio común para transformarse en un instrumento de unos pocos.
Incluso desde la teoría política contemporánea, Hannah Arendt diferenciaba con claridad el poder de la dominación. El poder, sostenía, surge de la acción colectiva y del acuerdo entre ciudadanos; la dominación, en cambio, se impone cuando esa pluralidad se reduce. El copamiento, en este sentido, no fortalece el poder democrático, sino que lo sustituye por una forma más frágil y menos legítima de control.
Es cierto que estas estrategias pueden generar, en el corto plazo, una sensación de orden y gobernabilidad. Permiten alinear discursos, acelerar decisiones y proyectar cohesión. Pero sus efectos en el mediano plazo son evidentes: sobreexposición, desgaste, pérdida de diversidad y debilitamiento de los contrapesos institucionales. En términos de políticas públicas, esto se traduce en menor capacidad de innovación y en respuestas menos pertinentes a las necesidades reales de la ciudadanía.
La gerencia social nos invita a comprender el Estado como un sistema abierto, donde la calidad de las decisiones depende de la inclusión de múltiples miradas. Como plantea Jürgen Habermas, la legitimidad democrática se construye a partir de la deliberación y el diálogo racional en el espacio público. Allí donde una sola voz predomina, la deliberación se reduce y la democracia se debilita.
En regiones como La Araucanía, donde los desafíos sociales son complejos y requieren soluciones integrales, el copamiento aparece como una respuesta simplificadora frente a problemas que exigen precisamente lo contrario: más participación, más apertura y mejor institucionalidad. Gobernar no es ocupar todos los espacios, sino articularlos de manera inteligente y legítima.
Porque, en definitiva, cuando el Estado se copa, deja de pertenecer a todos. Y cuando eso ocurre, no solo se empobrece la gestión pública: se erosiona la base misma de la convivencia democrática.
