Por: Marco Vásquez Ulloa, Contador Público y Auditor, Ingeniero Comercial, Académico Director de Finanzas y Desarrollo de Personas de la Universidad de la Frontera, sede Temuco.
En el debate tributario chileno hay una cifra que debería estar en el centro de cualquier reforma: la brecha de cumplimiento tributario alcanza del orden de un 6,5% del PIB. Es decir, recursos que el Estado no recauda por evasión, elusión o errores. Más importante aún, la evidencia internacional sugiere que entre 2% y 4% del PIB podría recuperarse con políticas efectivas de fiscalización y cumplimiento. ¿Has escuchado que alguien hable de esto?
La propuesta tributaria del gobierno del presidente José Antonio Kast parece tomar un camino distinto. Su eje principal es la reducción de impuestos —en especial a las empresas— junto con incentivos a la inversión y la reintegración del sistema. La apuesta es clara: crecer más para recaudar más.
El problema es que este enfoque deja fuera uno de los mecanismos más efectivos y probados para aumentar la recaudación: mejorar el cumplimiento tributario. Diversos países han logrado incrementos significativos de ingresos sin subir tasas, mediante digitalización, trazabilidad y fortalecimiento de la fiscalización. En contraste, el impacto recaudatorio de las rebajas tributarias depende de supuestos de crecimiento que no siempre se verifican.
Esto genera una tensión evidente. Por un lado, la reforma reduce ingresos fiscales en el corto plazo y confía en efectos dinámicos a largo plazo. Por otro, no incorpora una estrategia robusta para cerrar la brecha de cumplimiento, pese a que esta representa una de las principales fuentes potenciales de financiamiento disponibles.
Más aún, la estructura del problema en Chile refuerza esta preocupación. La evasión en el ámbito empresarial es particularmente elevada, lo que sugiere que una parte importante de la brecha se concentra precisamente en el segmento que hoy se busca incentivar mediante rebajas tributarias. En este contexto, resulta atendible preguntarse si tiene sentido priorizar la reducción de tasas sin abordar primero el problema del incumplimiento.
Por cierto, esta decisión responde a un enfoque económico específico que privilegia el crecimiento como motor de la recaudación. Pero también refleja una elección estratégica: apostar por un mecanismo indirecto e incierto, mientras se deja en segundo plano uno directo y ampliamente respaldado por la evidencia.
En un país con estrechez fiscal y crecientes demandas sociales, esta no es solo una discusión técnica. Es, sobre todo, una definición de prioridades. Porque, al final, no se trata solo de cuánto recauda el Estado, sino de cómo decide hacerlo.
