Por: Gloria Romero Astorga, Administradora Pública. Mag. (C) En Gobierno y Dirección Pública en la UA, Postítulo en Ciencia Política UDEC, Diplomada en Entorno Estratégico UA.
La megaReforma fiscal aprobada el día de ayer representa un retroceso significativo para los programas sociales y la base de las políticas públicas en nuestro país. Bajo la promesa de crecimiento económico, la reforma amenaza la sostenibilidad fiscal, debilita la protección social y profundiza las desigualdades territoriales y sociales.
La reciente aprobación de la llamada “megareforma” bajo el gobierno de José Antonio Kast marca un punto de inflexión preocupante para el futuro de los programas sociales y las políticas públicas en Chile. Presentada como un proyecto de reconstrucción y desarrollo, la reforma fue aprobada en un contexto de polarización política y negociaciones de último minuto, evidenciando la fragmentación del Congreso y la falta de consenso social. Sin embargo, más allá de la retórica oficial, los cambios introducidos en materia tributaria y fiscal suponen un retroceso en la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales y reducir desigualdades.
Uno de los aspectos más alarmantes es el riesgo para la sostenibilidad fiscal. La reducción del impuesto corporativo del 27% al 23% implica una merma anual de aproximadamente 1.680 millones de dólares en ingresos fiscales, según estimaciones de expertos y del propio Consejo Fiscal Autónomo. Esta caída en la recaudación limita severamente el margen de maniobra del Estado para financiar políticas públicas robustas y sostenibles, especialmente en un país cuya carga tributaria ya se encuentra por debajo del promedio de la OCDE. La introducción de mecanismos de invariabilidad tributaria por 20 años para grandes inversiones, además, amarra el futuro fiscal del país y reduce la capacidad de respuesta ante nuevas demandas sociales o crisis económicas.
Las consecuencias directas sobre los programas sociales son motivo de seria preocupación. Documentos filtrados y declaraciones de autoridades han anticipado posibles recortes en áreas sensibles como la Pensión Garantizada Universal (PGU), con propuestas de reducción presupuestaria de hasta un 15%, y la eventual eliminación del programa nacional de alimentación escolar. Asimismo, la continuidad de la gratuidad en la educación superior y el financiamiento de la salud pública (FONASA) quedan en entredicho ante la disminución de recursos.
Si bien la reforma contempla medidas puntuales, como la exención de contribuciones para adultos mayores, estas resultan regresivas y poco focalizadas, beneficiando también a sectores acomodados y debilitando la base financiera de los municipios.
En el ámbito territorial, la reforma profundiza la desigualdad entre comunas ricas y pobres. El mecanismo de compensación fiscal para los municipios, diseñado para suplir la pérdida de ingresos por la exención de contribuciones, ha sido duramente criticado por favorecer a las comunas de mayores ingresos y debilitar la autonomía fiscal de los gobiernos locales. Esto no solo erosiona la capacidad de respuesta de los municipios ante las necesidades de sus habitantes, sino que también consolida un modelo centralista y regresivo, contrario a los principios de equidad territorial y descentralización.
El impacto sobre las poblaciones más vulnerables es especialmente grave. La reducción de recursos amenaza la continuidad de programas que han sido fundamentales para la protección social, como
los subsidios habitacionales, el apoyo a la infancia y la promoción del empleo femenino en zonas rurales. La evidencia internacional y local muestra que recortes en estas áreas tienden a aumentar la desigualdad y la exclusión, generando mayor malestar social y debilitando la cohesión nacional.
Finalmente, la megareforma representa un retroceso institucional y una amenaza a la efectividad de las políticas públicas. Al agrupar medidas diferentes en un solo paquete legislativo y priorizar la lógica del ajuste fiscal sobre la protección social, se debilita la capacidad del Estado para planificar y ejecutar políticas de largo plazo. La reducción del rol estatal y el aumento de la participación privada en áreas estratégicas pueden erosionar la legitimidad y la eficacia de las instituciones públicas, poniendo en riesgo los avances logrados en las últimas décadas.
En conclusión, la megareforma aprobada no solo compromete la sostenibilidad de los programas sociales y la equidad territorial, sino que también pone en entredicho el pacto social que ha sostenido a Chile en tiempos de crisis. Es importante que la sociedad civil, los gobiernos locales y los actores políticos reflexionen sobre el rumbo adoptado y exijan una revisión profunda de las prioridades nacionales. Solo así será posible reconstruir un Estado social capaz de garantizar derechos, reducir desigualdades y responder a los desafíos del siglo XXI.
