Por: Gloria Romero Astorga, Administradora Pública. Mag. (C) En Gobierno y Dirección Pública en la UA, Postítulo en Ciencia Política UDEC, Diplomada en Entorno Estratégico UA.
En las últimas semanas, hemos sido testigos de un intenso debate en torno a la banalización del abuso sexual infantil y la pedofilia en el espacio público, tanto en redes sociales como en espacios de streaming. Más allá de quienes emitieron estas opiniones, lo ocurrido en un conocido programa de streaming, donde se emitieron comentarios sexualizados sobre menores y niños con autismo, ha encendido las alarmas sobre la fragilidad de los avances institucionales y la urgencia de fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección de la infancia.
La reacción institucional fue inmediata y transversal. La Defensoría de la Niñez condenó enérgicamente los dichos, subrayando que la desvinculación laboral del responsable no era suficiente y anunciando la evaluación de acciones legales y parlamentarias. Organizaciones de la sociedad civil, como la Federación Nacional de Autismo (Fenaut) y la Fundación FUAN, presentaron denuncias ante la Fiscalía, enfatizando la gravedad de trivializar la violencia sexual, especialmente cuando se dirige a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes enfrentan barreras adicionales para denunciar y ser protegidos. El Congreso, por su parte, fue escenario de iniciativas legislativas que buscan cerrar vacíos legales: el proyecto conocido como “Ley La Cofradía” propone sancionar penalmente la incitación o apología pública de la explotación sexual infantil, mientras que otras propuestas apuntan a castigar la promoción o justificación del abuso, sobre todo cuando proviene de figuras públicas o se difunde por medios masivos.
Chile cuenta con un marco legal robusto en materia de protección de la infancia. La Ley 21.160 establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, asegurando que estos crímenes puedan ser perseguidos sin límite temporal. Además, quienes son condenados por estos delitos quedan inhabilitados de por vida para trabajar con niños y sus antecedentes quedan registrados en un registro especial de ofensores sexuales, accesible para las autoridades pertinentes. Sin embargo, los acontecimientos recientes han evidenciado que la legislación vigente no es suficiente para enfrentar la normalización o trivialización del abuso en el discurso público, fenómeno que erosiona la credibilidad institucional y dificulta la prevención, detección y sanción de estos delitos.
El desafío es aún mayor cuando se considera la situación de los niños con TEA, especialmente aquellos que son no verbales o presentan limitaciones comunicativas. Estos niños son particularmente vulnerables al abuso sexual debido a las dificultades para expresar lo ocurrido, la tendencia a que sus señales de alarma sean malinterpretadas y la falta de protocolos adaptados en el sistema de protección. Si bien la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024–2032 reconoce la necesidad de un enfoque inclusivo y la adaptación de los mecanismos de denuncia y apoyo, organizaciones como Fenaut y FUAN han denunciado la ausencia de procedimientos específicos, la
escasa formación de los profesionales y la falta de datos desagregados que permitan dimensionar el problema y diseñar respuestas efectivas.
La trivialización del abuso sexual infantil en el discurso público no es un asunto menor ni un simple error de juicio. Cuando figuras con visibilidad social minimizan o ridiculizan estos delitos, se envía un mensaje devastador a las víctimas ya la sociedad: que su dolor puede ser objeto de burla y que la protección de la infancia es negociable. Este tipo de discursos refuerza el silencio, dificulta la denuncia y perpetúa la impunidad, socavando décadas de avances en materia de derechos de la niñez.
Frente a este escenario, el Estado tiene la responsabilidad ineludible de fortalecer su respuesta institucional. Esto implica no solo sancionar los delitos, sino también prevenir y castigar la apología, promoción o trivialización del abuso, especialmente cuando proviene de quienes ejercen cargos públicos o tienen influencia en la opinión pública. Es fundamental avanzar en la aprobación de leyes que cierren los vacíos existentes, dotar de recursos y formación especializada a los equipos de protección infantil, y desarrollar protocolos específicos para los niños con TEA y otras discapacidades.
Frente a este panorama, el desafío para las políticas públicas chilenas es ineludible. Se requiere una reforma integral que combine sanciones legales claras contra la trivialización y apología del abuso, estrategias de prevención y educación, mecanismos de protección y denuncia accesibles para los grupos más vulnerables, y una exigencia ética inquebrantable para quienes ocupan espacios de influencia pública. La protección de la infancia no puede ser materia de relativización ni de humor: es un deber fundamental del Estado y de la sociedad.
