Por: Fernando Astudillo Becerra, Abogado, Magister en Derecho Público y Doctor en Derecho en la Universidad de Valparaíso.
«La moral cristiana enseña que el ser humano posee una dignidad intrínseca y un libre albedrío que deben ser respetados, ello porque cada persona tiene la dignidad de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Incluso en situaciones de profundo dolor o pecado estructural, imponer por la fuerza de la ley, la exposición a un estímulo de alto impacto emocional, en un momento de vulnerabilidad extrema, no constituye un acto de caridad, ni de verdadera pedagogía, sino una tortura encubierta».
Un nuevo proyecto de ley («Escucha su corazón»), presentado por la extrema derecha, vuelve a poner el aborto en el centro de la discusión, planteando que, antes de acceder a una interrupción del embarazo, permitida por la ley en alguna de las tres causales, el personal médico debe informar a la mujer sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal” y le debe ofrecer la oportunidad de escucharla.
Raro ofrecimiento, que en la realidad es una imposición, ya que si una mujer se niega a escucharla, el médico queda obligado a negarse a realizar el procedimiento. Este condicionamiento transforma un acto que debiera apelar a la conciencia, en un dispositivo de sanción y violencia institucional.
La moral cristiana enseña que el ser humano posee una dignidad intrínseca y un libre albedrío que deben ser respetados, ello porque cada persona tiene la dignidad de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Incluso en situaciones de profundo dolor o pecado estructural, imponer por la fuerza de la ley, la exposición a un estímulo de alto impacto emocional, en un momento de vulnerabilidad extrema, no constituye un acto de caridad, ni de verdadera pedagogía, sino una tortura encubierta.
La discusión contemporánea sobre la interrupción voluntaria del embarazo sitúa constantemente a la moral cristiana ante complejos desafíos bioéticos y pastorales. Difícilmente un cristiano comprometido con su fe podrá estar a favor de esta interrupción, pero sin dudas deberá estar, por las razones que señalaremos, en defensa y promoción de:
- La despenalización del aborto (que no es lo mismo que estar a favor del aborto).
- La obligatoriedad de que el Estado lo asuma como un tema de salud pública y por tanto no permita que ninguna mujer aborte en la clandestinidad y exponiendo su vida.
- La obligatoriedad de que el conjunto de la sociedad promueva y ejecute una educación sexual integral, sin tabúes, ni complejos especialmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Dicha exigencia se vuelve aún más imperativa al analizar la recepción y validación de este proyecto por parte de una autoridad eclesiástica, como Monseñor Fernando Chomalí, quien en redes sociales manifestó su complacencia con este.
Mas su eventual aprobación se estrella con la doctrina social de la Iglesia. Una postura auténticamente evangélica y protectora del bien común, debería priorizar la exigencia al Estado de políticas públicas integrales: educación sexual robusta y sin tabúes, y redes efectivas de apoyo social y económico para la maternidad vulnerable.
Así se desprende de lo que expresó el papa Francisco, hablando del bien común:
“La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Las crisis económicas internacionales han mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar sólo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. No estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán” (Laudato si, 159).
