Por: Daniel Hidalgo Veloso, Historiador, Teólogo, Comunicador, Presidente de la Corporación Defendamos La Ciudad de Temuco.
Por estos días recorrer ciudades y localidades de La Araucanía es también recorrer una pérdida. No se trata solo del desgaste natural del tiempo, sino de una erosión mucho más profunda, la desaparición progresiva de casonas, inmuebles patrimoniales y espacios cargados de historia que, sin mayor ruido, van cediendo ante el abandono, la especulación o, simplemente, la indiferencia.
Cada casona que se pierde no es únicamente una estructura que cae. Es un fragmento de memoria colectiva que se borra. Es la huella de generaciones que construyeron identidad en base a la convivencia, la arquitectura y el territorio. En ciudades como Temuco, Angol o Victoria, aún sobreviven edificaciones que narran el pasado colonizador, el desarrollo ferroviario, la vida rural y urbana de otras épocas. Sin embargo, muchas de ellas hoy están condenadas a desaparecer.
El problema no es nuevo, pero sí persistente, el escaso —y muchas veces inexistente— apoyo financiero del Estado para la conservación del patrimonio arquitectónico. Mantener una casona antigua no es solo una decisión estética o romántica; implica altos costos técnicos, normativos y estructurales que recaen, en la mayoría de los casos, en privados que no cuentan con los recursos necesarios. Frente a ello, las políticas públicas han sido insuficientes, fragmentadas y, en ocasiones, meramente simbólicas.
A esto se suma una burocracia que, lejos de facilitar la conservación, muchas veces la dificulta. Declarar un inmueble como patrimonial no siempre viene acompañado de herramientas reales para su protección. Por el contrario, puede transformarse en una carga para sus propietarios, quienes, ante la falta de incentivos concretos, optan por vender, demoler o dejar deteriorar lo que alguna vez fue un orgullo arquitectónico.
Pero la pérdida no es solo cultural o identitaria. También es económica. La Araucanía posee un enorme potencial en turismo histórico y patrimonial, un ámbito que podría diversificar su matriz productiva y generar desarrollo local sostenible. Sin embargo, al permitir la desaparición de estos espacios, se diluye una oportunidad única, ofrecer experiencias ligadas a la historia, la arquitectura y la memoria del territorio.
En otras regiones y países, el patrimonio es un activo estratégico. Se invierte en su restauración, se generan rutas turísticas, se articulan alianzas público-privadas y se comprende que preservar el pasado es también proyectar el futuro. En La Araucanía, en cambio, seguimos reaccionando tarde, cuando el daño ya es irreversible.
La pregunta que surge es incómoda pero necesaria ¿cuánto más estamos dispuestos a perder antes de actuar? No basta con discursos sobre identidad y cultura si no existen mecanismos concretos de financiamiento, incentivos tributarios, programas de restauración y una voluntad política clara de proteger lo que nos define.
El patrimonio no es un lujo, ni un obstáculo al desarrollo. Es, precisamente, una de sus bases más sólidas. Perderlo no solo empobrece el paisaje urbano y rural; empobrece nuestra historia y debilita nuestra memoria colectiva.
La Araucanía aún está a tiempo. Pero ese tiempo se agota, casona tras casona, muro tras muro.
