Por: Francisca Cerro Verdugo, Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta Sistémica Familiar, Magíster en Psicología Clínica en la Universidad de Chile.
Mi historia es la de muchos chilenos y chilenas. Soy hija de padres obreros y pude ingresar a la universidad. Era demasiado «rica» para acceder a becas, pero demasiado pobre para pagar una carrera al contado. La opción que parecía más conveniente era el Crédito con Aval del Estado (CAE), un documento firmado a los 18 años, cuando las alternativas eran escasas y la promesa era clara: estudiar para tener un mejor futuro.
Pero ese sueño terminó convirtiéndose, para muchos, en una pesadilla.
Embargos, cuentas bancarias en cero y la amenaza permanente de la deuda forman parte de una violencia que no solo ha sido legitimada por el Estado, sino también normalizada por nuestra sociedad.
El Crédito con Aval del Estado nació en junio de 2005 mediante la Ley Nº 20.027, durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. Su objetivo era permitir que estudiantes de menores ingresos accedieran a la educación superior a través del financiamiento de la banca privada, con el Estado actuando como aval.
Para miles de familias esta parecía la única posibilidad de que sus hijos e hijas llegaran a la universidad. En una generación donde estudiar una carrera era sinónimo de movilidad social, de «ser alguien en la vida», las condiciones del crédito rara vez fueron cuestionadas.
Y así pasaron generaciones de profesionales que estudiaron «gracias» al CAE. Sin embargo, la realidad del país cambió. Los llamados «cesantes ilustrados» comenzaron a multiplicarse. Ser profesional ya no era garantía de estabilidad económica. Hoy, en muchos casos, solo asegura la posesión de un título universitario. Una de las grandes promesas de esa generación se derrumbó.
Actualmente, más de 550 mil personas mantienen deudas asociadas al CAE. El Fisco ha pagado a la banca más de cuatro billones de pesos, mientras miles de personas continúan atrapadas en un sistema que parece no terminar nunca. Según datos recientes, más de 32 mil personas han firmado convenios de regularización. Sin embargo, la Tesorería General de la República ha informado el embargo de más de 1.500 personas por deudas asociadas al crédito, incluyendo denuncias de deudores que vieron retenidos la totalidad de sus fondos bancarios.
Aunque la Tesorería ha señalado que la mayoría de estos embargos corresponde a personas con ingresos iguales o superiores a los $3.500.000 mensuales, también existen antecedentes de embargos a personas que se encontraban pagando regularmente sus cuotas o cuyos ingresos eran considerablemente menores.
Pero quienes realmente ganaron con este sistema fueron los bancos. A través del mecanismo conocido como «recarga», el Fisco compró créditos con sobreprecio. De este modo, las instituciones financieras vendieron préstamos estudiantiles por aproximadamente $443 mil millones, mientras el Estado terminó pagando cerca de $592 mil millones.
La sensación de injusticia es profunda. Despertar y descubrir que tus cuentas están vacías; constatar que los sueldos profesionales apenas alcanzan para sobrevivir; escuchar que para este gobierno nunca había sido tan importante «cumplir la ley». Todo ello mientras la propia Tesorería otorgó millonarios perdonazos tributarios a grandes empresas, pero amenaza a profesionales endeudados con embargos y persecución de bienes.
Existe un dicho popular que afirma que «no hay deuda que no se pague». Sin embargo, para muchos de nosotros el CAE fue un gran engaño: una deuda que se volvió prácticamente impagable, no porque exista falta de voluntad, sino porque durante años pagar significó cubrir intereses tras intereses sin que lo adeudado disminuyera significativamente.
No es lo mismo pagar una deuda razonable que terminar pagando tres o cuatro veces el valor de la carrera que estudiaste.
Las movilizaciones estudiantiles de 2011 exigían becas en lugar de créditos y ayudas sin intereses abusivos. Sin embargo, el sistema educativo chileno también reproduce otras formas de desigualdad y violencia: las becas suelen favorecer a quienes han tenido mejores oportunidades educativas y, por ende, mejores resultados en pruebas estandarizadas, perpetuando las brechas sociales.
Por eso resulta tan fácil exigir y criticar el no pago desde la vereda de la moralidad y del desconocimiento.
Quizás todo esto sea solo la punta del iceberg. No debemos olvidar que una de las promesas más importantes de la campaña del expresidente Gabriel Boric fue avanzar en la condonación de la deuda educativa y poner fin al Crédito con Aval del Estado. Una promesa que, para miles de personas, nunca se materializó.
Y parece ser que, una vez más, los «nadies» seguimos siendo los mismos: quienes cargamos con el costo de decisiones políticas tomadas en nombre del progreso y el bien común, pero cuyos beneficios terminaron concentrándose en otros.
