Por: Pablo Díaz Salazar, Asesor, Técnico en Medio Ambiente y Gestión Energética.
Una zona franca como apuesta real al desarrollo, más allá de la retórica y el olvido histórico.
La Región de La Araucanía lleva décadas ocupando los titulares por razones que casi nunca tienen que ver con el progreso. El conflicto territorial, la pobreza persistente y la sensación de abandono institucional han construido una narrativa que parece imposible de revertir. Sin embargo, hay una conversación que Chile lleva tiempo postergando y que ya no puede seguir esperando. ¿Qué herramientas concretas de política económica se necesitan para transformar a la región más rezagada del país en un polo de desarrollo sostenible?
Una zona franca para La Araucanía no es una idea nueva ni descabellada. Es, en realidad, una propuesta que algunos economistas regionales y gremios locales han levantado de manera intermitente sin que nunca logre instalarse en serio en la agenda nacional. El modelo no es ajeno a Chile: Iquique y Punta Arenas han demostrado que regímenes especiales pueden cambiar la ecuación económica de territorios que, por geografía o por historia, quedaron al margen del dinamismo central.
“El desarrollo no llega solo por decreto ni por voluntad política, necesita condiciones. Y esas condiciones, en La Araucanía, todavía están por construirse.”
1 Un territorio con potencial bloqueado
La Araucanía tiene recursos naturales, capital humano y una identidad cultural única que podría ser activo económico en lugar de fuente de tensión. Tiene tierras fértiles, forestación, atractivo turístico y una ubicación que la conecta tanto con la Patagonia como con los pasos cordilleranos hacia Argentina. Lo que le falta no es tierra, le falta inversión, confianza y un marco institucional que haga viable apostar por ella.
Crear una zona franca en La Araucanía implicaría establecer un régimen tributario y aduanero diferenciado que incentive la instalación de empresas manufactureras, logísticas y de servicios. Exenciones de IVA, aranceles reducidos para importaciones de insumos productivos y beneficios para quienes contraten mano de obra local serían los pilares básicos. El objetivo no
es regalar recursos fiscales al capital concentrado, sino crear masa crítica de empleo formal en una región donde la informalidad y el trabajo estacional son la norma para miles de familias.
2 La pregunta que nadie responde con honestidad
Claro que la propuesta trae consigo preguntas incómodas. ¿Se puede hablar de inversión y zonas francas en un territorio donde el conflicto entre el Estado, las empresas forestales y las comunidades mapuches todavía no tiene solución? La respuesta honesta es que no, al menos no de forma aislada. Una zona franca sin un proceso serio de reconocimiento territorial y diálogo intercultural sería otra promesa que llegaría tarde y mal. El desarrollo económico no puede ser el sustituto de la justicia: tiene que ir a la par.
Ahí está el nudo que los gobiernos de distintos colores han preferido esquivar. Se habla de inversión sin hablar de tierra. Se habla de paz sin hablar de reparación. Y así, año tras año, la región sigue siendo la más pobre del país, con los peores indicadores de escolaridad, los salarios más bajos y la mayor proporción de hogares en situación de vulnerabilidad.
“Es verdad que una zona franca sin justicia territorial, sería una respuesta incompleta a una herida que lleva décadas sin sanar. Pero la justicia territorial sin desarrollo económico, deja a miles de personas esperando un futuro que tampoco llega. .”
3 El modelo que se podría construir
La propuesta más coherente no es una zona franca clásica al estilo de Iquique, sino un modelo adaptado al contexto de la Araucanía. Podría incluir zonas de desarrollo especial con foco en agroindustria sustentable, turismo de naturaleza, economía forestal certificada y manufactura de mediana escala. Un componente de propiedad comunitaria indígena sobre parte de las empresas que se instalen daría un carácter distinto al modelo, haciéndolo más legítimo y más estable en el tiempo. Las experiencias de cogestión territorial en países como Nueva Zelanda o Canadá con comunidades originarias muestran que esto no es utopía: es política pública de alta complejidad que, cuando se diseña bien, funciona.
El financiamiento inicial podría combinar fondos del Estado central, inversión regional y capital privado nacional e internacional, con reglas claras que protejan los derechos laborales y ambientales. No se trata de abrir la región al extractivismo sin control, que es exactamente lo que ha generado parte de los conflictos actuales. Se trata de un modelo distinto, donde la productividad y la equidad no sean opciones excluyentes.
4 Lo que falta es voluntad política de largo plazo
Chile tiene la capacidad técnica para diseñar este tipo de instrumentos. Lo que ha faltado es la disposición política sostenida para implementarlos. La Araucanía paga el costo de ser un problema electoral recurrente: aparece en campaña y desaparece en el gobierno, convertida en emergencia de corto plazo en lugar de proyecto de transformación estructural.
Una zona franca, bien concebida y acompañada de inversión pública en infraestructura, educación técnica y resolución del conflicto territorial, podría ser el punto de quiebre que la región necesita. No es la solución a todo. Pero es una palanca que todavía no se ha intentado de verdad. Y a estas alturas, seguir postergando la conversación tiene un costo que ya no puede medirse solo en puntos del PIB regional: se mide en generaciones que crecen sin horizonte en una tierra que tiene todo para ofrecerles uno.
