Por: Camila Labraña Quiroz, Abogada, Socia Fundadora de Labraña & Asociados, Temuco.
Lo que ocurrió en el Congreso tiene nombre propio. Lo que ocurre cada semana en La Araucanía se llama silencio, y ese silencio también tiene dueño.
En octubre de 2025, alguien decidió denunciar. Lo hizo de manera anónima, sin nombre, sin cara. Esa sola decisión —esconderse para hablar— dice más sobre el estado de nuestro derecho laboral que cualquier manual jurídico. Esa denuncia gatilló la investigación que hoy tiene a la senadora Camila Flores bajo la lupa de la Fiscalía Regional de Valparaíso por presunto fraude al fisco. Según los antecedentes revelados, trabajadores de su equipo parlamentario eran obligados a devolver en efectivo una parte significativa de sus sueldos: en algunos casos, hasta tres cuartas partes de lo que recibían. Un mecanismo que los propios funcionarios del Congreso bautizaron, con amarga ironía, como «la cuota Flores». El perjuicio estimado supera los $300 millones.
La pregunta que nadie ha formulado con claridad no es si Flores es culpable o inocente. Eso lo resolverá la justicia. La pregunta que debería quedarnos es otra, más incómoda: ¿por qué la denuncia fue anónima? Los afectados tenían nombre. Tenían mensajes de WhatsApp con instrucciones precisas de pago. Conocían el mecanismo de cerca, lo vivieron en carne propia durante años. Y aun así, quien finalmente habló lo hizo sin identificarse. Esa decisión no fue cobardía. Fue racionalidad pura. Fue la única opción que el sistema le dejó disponible.
«Hablar tiene un precio. Y en este país, ese precio lo paga siempre el mismo: el que menos puede permitírselo.»
La Ley Karin fue un avance real en materia de acoso laboral y sexual. La Ley de Delitos Económicos amplió la responsabilidad de las empresas. Nadie lo niega. Pero ninguna de las dos consagra un sistema real de protección para quien decide exponer las malas prácticas del que le paga el sueldo. No hay canales seguros garantizados por ley. No hay prohibición expresa de represalias con consecuencias efectivas. No hay incentivo de ningún tipo para que un trabajador asuma el costo personal de hablar. Lo que hay, en cambio, es un vacío. Y en ese vacío vive el miedo.
Podría argumentarse que la Ley 20.205 ya contempla algún nivel de protección. Y es cierto — pero solo en el sector público, y solo para funcionarios. Lo que la jurisprudencia revela es aún más perturbador: incluso ese resguardo mínimo no es automático. En el caso Bascuñán con Contraloría General de la República, una funcionaria denunciada por probidad solicitó que se revelara la identidad de quienes la habían denunciado bajo reserva. La Corte de Apelaciones de Talca le dio la razón y ordenó entregar los nombres en diez días. Fue necesario llegar hasta la Corte Suprema para que el derecho al anonimato del denunciante fuera finalmente respetado. En el caso Yáñez con PDI, un funcionario que denunció irregularidades de sus superiores fue trasladado de localidad como represalia. También tuvo que llegar hasta el máximo tribunal para que el traslado fuera declarado ilegal y se ordenara su reintegro.
Dos casos. Dos trabajadores del sector público, con ley expresa que los amparaba, que igualmente tuvieron que litigar hasta la Corte Suprema para que esa ley fuera respetada. Eso no es un sistema de protección. Es un sistema de resistencia. Y es lo mejor que existe en Chile hoy para quien se atreve a hablar.
Ahora salgamos del Congreso. Salgamos de Valparaíso. Y miremos nuestra propia región.
35% de los trabajadores de La Araucanía están en la informalidad laboral — la cifra más alta del país, según el INE. Uno de cada tres no tiene contrato, no tiene cotizaciones, no tiene protección social de ningún tipo.
Uno de cada tres trabajadores en nuestra región no tiene contrato. No tiene cotizaciones. No tiene ninguna red que lo sostenga si decide hablar. La Araucanía no es solo la región con mayor pobreza del país: es también la que lidera, de manera sostenida, la informalidad laboral a nivel nacional. Eso no es un dato frío. Es el retrato de cientos de miles de personas que trabajan sin red, cuya única seguridad es no perder el trabajo que tienen.
¿Qué pasa con el trabajador agrícola de Vilcún que recibe instrucciones de su patrón que rayan en lo ilegal, y sabe que a dos kilómetros a la redonda no hay otra fuente de empleo? ¿Qué pasa con la asistente administrativa de una empresa de servicios en Angol que lleva años soportando irregularidades porque tiene hijos que alimentar? ¿O con el obrero forestal de la precordillera que trabaja sin contrato, sin seguro y sin nombre registrado en ningún papel, y para quien denunciar no significa arriesgar un puesto: significa perder el único puesto posible? Para ellos, el anonimato ni siquiera es una opción legal disponible. Es solo el silencio.
«Si en el sector público, con ley expresa y tribunales disponibles, el denunciante igual tuvo que llegar hasta la Corte Suprema para ser protegido — ¿qué le queda al trabajador informal de La Araucanía? Nada. Solo callarse.»
El caso de la senadora Flores tiene la ventaja de la visibilidad: medios nacionales, fiscalía especializada, Consejo de Defensa del Estado. Los abusos que ocurren en los márgenes de nuestra región no cuentan con nada de eso. No tienen cobertura. No tienen testigos que se atrevan a hablar. No tienen un sistema que, aunque imperfecto, al menos exista.
Mientras eso no cambie, el silencio seguirá siendo la decisión más razonable que puede tomar un trabajador en Chile. Y nosotros, como sociedad, seguiremos siendo cómplices de ese silencio cada vez que miramos para otro lado.
El caso Flores llegará a su desenlace judicial. Pero la pregunta que debería seguir en pie, mucho después de que ese proceso termine, es la misma que nadie ha respondido todavía: ¿qué pasará con ese trabajador que habló? ¿Y con todos los que eligieron no hacerlo?
