10 de 32 Municipios: La Gestión Municipal en los Asuntos Religiosos en La Araucanía

Por: Walter Fuentealba Peña, Abogado Evangélico, Ex Asesor Regional en la Araucanía de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos

En una región donde el 78,5% de las personas profesa una religión (Censo 2024), resulta importante relevar que 10 de los 32 municipios cuentan con Oficinas de Asuntos Religiosos. Lo anterior, muestra un interés por la generación de vínculos hacia el mundo religioso, destacando la voluntad política de los respectivos alcaldes y alcaldesas quienes han asumido el desafío de conectar la institucionalidad pública, con una dimensión central de la vida comunitaria como es la fe. Esto, lejos de ser un asunto privado o marginal, estructura vínculos, organiza comunidades y moviliza acciones con fuerte impacto territorial.

Esta realidad obliga a hacerse una pregunta: ¿cómo se relaciona el Estado con la presencia territorial de las iglesias? La respuesta, hasta ahora, ha sido parcial y desigual. Mientras algunos municipios han avanzado en generar institucionalidad específica, otros siguen operando desde la informalidad, sin canales claros de diálogo ni estrategias de articulación. Es en ese contexto donde surgen las Oficinas de Asuntos Religiosos, como un intento —aún en perfeccionamiento— de construir un vínculo más ordenado y permanente.

En la práctica, muchas de estas oficinas nacieron impulsadas por el mundo evangélico, que históricamente ha tenido una fuerte presencia territorial, pero no siempre una alta capacidad de organización comunitaria. Este impulso fue clave para abrir espacio dentro del aparato municipal, visibilizando una necesidad que hasta entonces no encontraba respuesta institucional. Sin embargo, ese mismo origen también generó una tensión relevante, ya que en varios casos, se tendió a confundir el rol de estas oficinas, entendiéndolas como espacios de representación religiosa más que como instancias de gestión pública.

De ahí que, en sus primeras etapas, no fuera extraño que los encargados de estas oficinas fueran pastores evangélicos, lo que llevó a que algunas iglesias los percibieran como sus representantes directos dentro del municipio. Esta lectura, aunque comprensible, debió ser enfrentada, señalando que, en la realidad, el encargado de asuntos religiosos es, ante todo, un funcionario público, llamado a actuar con imparcialidad, garantizar igualdad de trato y velar por el bien común, no por los intereses de un credo en particular.

Afortunadamente, esta tendencia ha comenzado a cambiar. Hoy se observa una transición hacia perfiles más técnicos, con capacidades de gestión, conocimiento del marco institucional y habilidades de articulación. Este cambio no solo mejora la calidad del trabajo, sino que también fortalece la legitimidad de estas oficinas, permitiéndoles relacionarse de manera más equitativa con la diversidad de expresiones de fe presentes en el territorio.

Sin embargo, el desafío no es únicamente quién lidera estas oficinas, sino para qué existen y cómo se utilizan. Aquí es fundamental un compromiso compartido tanto de los municipios como de las comunidades religiosas o iglesias. Estas oficinas no pueden transformarse en “oficinas buzón” que se limitan únicamente a responder y gestionar solicitudes —ya sea, por ejemplo, para uso de espacios municipales o acceso a fondos públicos—, sino que deben orientarse a la generación de vínculos estables, sanos y de largo plazo, alejados del utilitarismo.

Un buen ejemplo de este enfoque se encuentra en Padre Las Casas, donde se optó por llamar a su oficina “Oficina de Enlace Religioso”, reforzando la idea de conexión más que de tramitación. Desde ahí se han impulsado, por disposición del alcalde don Mario González y del encargado de la oficina, don Henry Riquelme, entre otras actividades, espacios de diálogo interreligioso e intercultural, especialmente relevantes en un territorio dañado como La Araucanía, en donde en nombre de Dios, se privó al pueblo mapuche de su cultura y también de su expresión de fe, y donde también en la última década, se vio particularmente afectado con la quema de iglesias. Estos diálogos no son un gesto simbólico, sino que son herramientas concretas para avanzar en la necesaria reconciliación, prevenir conflictos y promover una convivencia futura basada en el respeto.

Otro desafío clave para las oficinas de asuntos religiosos, es evitar la sobrerrepresentacióndel mundo evangélico, en desmedro de una mirada verdaderamente inclusiva. La función pública exige reconocer y trabajar con todas las expresiones de fe. En este sentido, destaca lo realizado en Pucón, donde bajo la mirada del encargado Héctor Rivas Robles, entre otras acciones, se ha relevado la figura de Francisco Valdés Subercaseaux, conocido como “Padre Pancho”. Su historia es especialmente significativa pues fue una figura central del mundo católico, pero que también contribuyó a la construcción de la primera iglesia evangélica en la comuna, reflejando una tradición de encuentro que hoy cobra especial sentido.

De igual forma, en Temuco, con la gestora Virginia Fuentealba, se ha fortalecido especialmente el vínculo con la iglesia católica a través de sus comunidades eclesiales de base, promoviendo espacios de diálogo con participación activa del alcalde de la comuna don Roberto Neira. Este tipo de experiencias muestran que es posible avanzar hacia una gestión más equilibrada, que reconozca la diversidad religiosa sin privilegiar a unos por sobre otros. Ya no se trata de la “Oficina de asuntos evangélicos”,  sino de abrir el trabajo hacia otras expresiones de fe, ya sean católicas, judía, musulmana, Baháʼíes, o de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Es importante relevar los demás municipios que han asumido el desafío de formar oficinas de asuntos religiosos, tales son: Galvarino -la oficina más antigua de la región- con su encargado Mauricio González; Nueva imperial con su encargado Luis Arriagada; Victoria, a cargo de Ricardo Veuthey; Pitrufquén con la multifacética encargada Ana María Tapia; Gobea con la encargada Elizabeth Abello; Loncoche, a cargo de don Marcelo Valdez; Temuco, con el encargado Ronny Venegas; y el recién asumido en la comuna de Chol chol, Horacio Huito.

Con todo, el problema más profundo sigue estando en los 22 municipios que aún no han conformado estas oficinas. En esos territorios, la relación con las comunidades religiosas depende de la informalidad, de vínculos personales o de gestiones aisladas, desaprovechando su enorme potencial como actores sociales. Donde no hay institucionalidad, no hay política pública: hay fragmentación. Cerrar esta brecha no es solo una tarea administrativa, sino una oportunidad para mejorar la calidad de la gestión municipal y fortalecer la cohesión social. En una región como La Araucanía, donde la fe sigue siendo un eje relevante de la vida comunitaria, avanzar hacia una relación más estructurada, inclusiva y estratégica entre el Estado y las comunidades religiosas no es opcional: es parte del desafío de gobernar con pertinencia y sentido de realidad.