La concejala de Carahue, Paola Retamal Arévalo, valoró los recientes pronunciamientos de la Contraloría General de la República, señalando que estos consolidan un nuevo estándar de probidad administrativa respecto del uso de redes sociales por parte de alcaldes y otras autoridades municipales, fortaleciendo la transparencia, el correcto uso de los recursos públicos y las facultades fiscalizadoras de los concejos municipales.
Según explicó la edil, esta línea jurisprudencial comenzó a tomar forma tras una denuncia presentada por ella durante 2025 ante la Contraloría Regional de La Araucanía, por eventuales irregularidades relacionadas con el uso de redes sociales por parte del alcalde de Carahue, Helmuth Martínez Llancapan.
La denuncia apuntó a que información oficial del municipio era difundida previamente en la cuenta personal del alcalde antes de su publicación en los canales institucionales, además del presunto uso de fotografías, videos y otros materiales elaborados por funcionarios municipales para publicaciones en redes sociales de carácter personal.
Como resultado de esa investigación, mediante un oficio emitido el 17 de marzo de 2026, la Contraloría estableció que dichas prácticas no se ajustaban a los principios de probidad administrativa y ordenó que no volvieran a repetirse, configurando uno de los primeros precedentes sobre esta materia.
Paola Retamal destacó que este criterio fue posteriormente reforzado mediante un dictamen emitido por la Contraloría General el 7 de julio de 2026, originado por una denuncia contra el alcalde de Huechuraba, quien vinculó en sus redes sociales privadas la ejecución de obras y servicios municipales con promesas realizadas durante su campaña electoral.
En dicho pronunciamiento, el organismo fiscalizador concluyó que no corresponde atribuir personalmente la ejecución de proyectos financiados por la municipalidad ni presentar la gestión institucional como un logro individual o de campaña, por cuanto ello vulnera el principio de probidad administrativa y puede inducir a confusión respecto del origen de las acciones públicas. En consecuencia, instruyó a la autoridad abstenerse de realizar ese tipo de publicaciones.
La concejala sostuvo que ambos pronunciamientos entregan herramientas concretas para fortalecer la labor fiscalizadora de los concejos municipales en todo el país, estableciendo criterios claros sobre el uso de plataformas digitales por parte de las autoridades comunales.
Entre los principales aspectos destacan:
- La información sobre obras, programas y actividades municipales debe difundirse primero por los canales oficiales de la municipalidad. Las autoridades pueden compartir posteriormente esa información, pero no anticiparse a su publicación institucional.
- No corresponde utilizar funcionarios municipales, equipamiento, fotografías, videos, recursos tecnológicos ni tiempo de trabajo financiado con recursos públicos para fortalecer cuentas personales en redes sociales.
- La gestión municipal y las obras ejecutadas pertenecen a la institución y a la comunidad, por lo que no deben presentarse como logros individuales ni asociarse a promesas electorales.
Paola Retamal afirmó que estos criterios representan un avance relevante para fortalecer la transparencia en la administración pública.
«La Contraloría General de la República ha entregado un mensaje claro para todos los municipios de Chile: los recursos públicos, la información institucional y la gestión municipal pertenecen a la comunidad, no a una autoridad en particular», señaló la concejala de Carahue.
Finalmente, la edil indicó que estos precedentes constituyen una guía jurídica relevante para los concejales del país, al reforzar el respeto por los principios de probidad, transparencia y buen uso de los recursos públicos en el ejercicio de la función municipal.
