La querella presentada por el Gobierno Regional de La Araucanía en el marco de la investigación sobre la ejecución del programa “Transferencia Fortalecimiento Productivo de La Araucanía 2021” amplió el foco de las responsabilidades, incluyendo a exgerentes de la Corporación Agencia de Desarrollo Araucanía, además de exfuncionarios y asesores jurídicos vinculados al proceso.
La acción judicial, impulsada por la actual administración regional, sostiene que existirían antecedentes que podrían configurar el delito de administración desleal en el manejo de recursos públicos transferidos a la corporación. El programa contempló una asignación cercana a los $9.000 millones, de los cuales el Gobierno Regional objeta alrededor de $5.900 millones por gastos rechazados o considerados mal ejecutados.
Entre las personas mencionadas en la querella figuran las exautoridades ejecutivas Claudina Uribe Bórquez, Sebastián Hunter Alarcón y Carlos Rosas Vásquez, quienes ocuparon distintos cargos de dirección durante la implementación del programa. Según el documento, cada uno tuvo responsabilidades administrativas en períodos específicos relacionados con la ejecución de la iniciativa.
La querella también apunta al exdirector de Administración y Finanzas, Marcelo Jano Morales, además de los abogados Stephanie Caminondo Eyssautier y Luis Herrera Canales, por su eventual participación en decisiones adoptadas durante el desarrollo del programa.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por el gobernador regional René Saffirio Espinoza dice relación con modificaciones realizadas a las bases del concurso destinado a apoyar la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas de La Araucanía tras la emergencia sanitaria.
De acuerdo con la presentación judicial, durante el proceso se eliminó un requisito relacionado con la carpeta tributaria de los postulantes, situación que habría permitido la incorporación de beneficiarios que inicialmente no cumplían con las condiciones exigidas. La medida derivó en la adjudicación de recursos a 328 beneficiarios entre el primer y segundo llamado.
La autoridad regional sostiene que estas modificaciones fueron aprobadas bajo la supervisión de la gerencia general de la corporación, por lo que solicita determinar las responsabilidades administrativas y eventuales consecuencias penales derivadas de dichas decisiones.
Otro de los aspectos observados corresponde al funcionamiento de la comisión encargada de revisar la admisibilidad de los proyectos postulados. Según la querella, la gerencia general tenía la responsabilidad de designar a los profesionales que integrarían dicha instancia evaluadora.
En este contexto, se señala que Claudina Uribe, quien ejercía como gerente general al momento del lanzamiento del concurso, era la autoridad facultada para efectuar dichos nombramientos. Asimismo, el documento indica que la entonces asesora jurídica de la corporación, Stephanie Caminondo, habría participado en el proceso de revisión de antecedentes.
Sin embargo, la administración regional denuncia la ausencia de documentación considerada clave para reconstruir el procedimiento. Entre los antecedentes faltantes se encuentran actas de reuniones, registros de evaluación y documentos que permitan acreditar la composición formal de la comisión y las decisiones adoptadas durante la selección de beneficiarios.
Para el Gobierno Regional, la falta de registros constituye un elemento preocupante, ya que dificulta verificar si los postulantes cumplían efectivamente con los requisitos establecidos en las bases del concurso y si el proceso se desarrolló conforme a los estándares de transparencia exigidos para la administración de recursos públicos.
Por ello, la querella solicita que la investigación determine quiénes integraron la comisión evaluadora, cómo fueron designados sus miembros, por qué no existen actas o registros del proceso y si se aprobaron postulaciones que no cumplían con las condiciones establecidas.
Asimismo, busca esclarecer si existieron instrucciones, presiones o intervenciones externas que pudieran haber influido en la admisión o adjudicación de proyectos financiados con recursos públicos.
La causa continúa en etapa investigativa y será la justicia la encargada de establecer eventuales responsabilidades administrativas o penales de las personas involucradas.
