Leonardo Astete Melivilu
Profesor de Historia y Geografía, Educación Cívica
Consejero Regional por La Araucanía
Para nadie es ajena, la triste realidad que se vive a diario en los distintos establecimientos educacionales chilenos en materias de convivencia escolar. Este es un tema complejo, que incluso supera los límites de la educación básica y media, instalándose cada vez con más fuerza en universidades e institutos de educación superior.
La instalación de detectores de metales en establecimientos educacionales, está lejos de ser una solución a la violencia escolar y al maltrato que azota a diario en los distintos niveles educativos. Lamentablemente tenemos un Ministerio de Educación que corre a paso lento y descontextualizado, departamentos de educación municipal burocráticos y una Superintendencia de Educación, que no está dando el ancho a la tremenda responsabilidad que tiene en su rol fiscalizador y de mediador en temas de conflictos y maltrato escolar.
Hay un problema de fondo, que va más allá de la instalación de detectores de metales y radica en que los establecimientos educacionales están actuando de manera reactiva, es decir, tomando medidas cuando la violencia y el maltrato en sus distintas dimensiones ya se ocasionó, muchas veces causando un daño irreparable en niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, cada establecimiento cuenta con planes de convivencia escolar, el cual sólo actúa e interviene, cuando los maltratos ya fueron realizados y en sus acciones de mejora o solución al conflicto, no se realizan las intervenciones adecuadas, ni talleres donde exista una real participación de toda la comunidad educativa, la cual debe incluir, sin duda alguna a las familias.
Las escuelas, liceos, colegios e instituciones de educación superior cuentan con planes y protocolos de convivencia en cumplimiento de la normativa del Ministerio de Educación. Sin embargo, lamentablemente, no se está respondiendo de manera oportuna y eficaz, en estos temas tan sensibles. En ocasiones, los equipos de convivencia escolar priorizan los intereses del establecimiento por encima de su capacidad profesional, perpetuando la idea de que «cuanto menos se sepa del problema, mejor para la institución». Ni pensar en que los problemas de convivencia escolar de los establecimientos, aparezcan publicados en redes sociales, pues inmediatamente se transforma en una mala propaganda y en la posible fuga de estudiantes, lo que se traduce en menos subvenciones y recursos. Digamos las cosas como son, la violencia y el maltrato escolar están escondidos bajo la alfombra de un sistema perverso y rodeado por estigmas del qué dirán, y así proteger de paso el “prestigio” que tiene cada establecimiento.
La invitación es fortalecer a las comunidades educativas y sus equipos de convivencia escolar. Debemos ser proactivos, con planes de convivencia reformulados y que no ataquen sólo el problema. Una mirada integral en la planificación, la prevención, el autocuidado y el respeto en todos los sistemas educativos, en todos sus niveles. Que la prevención y la buena convivencia se transforme en el diario vivir de los estudiantes y la comunidad educativa. No actuar sólo cuando aparezcan las situaciones de conflicto.
Los estudiantes que cometan faltas y actos de maltrato deben enfrentar las sanciones correspondientes, y es crucial que se implementen medidas que involucren a sus familias. Es imperativo poner fin a la permisividad frente a la violencia.
La Superintendencia de Educación debe desempeñar su rol fiscalizador de manera óptima y competente, estableciendo directrices que se centren en la prevención, no solo en la corrección de problemas una vez ocurridos. Si bien es importante contar con instancias que protejan los derechos de la niñez, también es fundamental dejar de ser permisivos y educar a los estudiantes sobre sus derechos y responsabilidades. Esto incluye el deber de respetar, ser buenos compañeros y comprender que sus acciones fuera de norma afectan profundamente a los demás. La formación que proviene del hogar y la familia desempeña un papel fundamental, y es necesario mantener una comunicación diaria sobre el desarrollo de nuestros hijos e hijas, además como profesores, debemos reforzarlo constantemente en las aulas o en talleres preventivos.
Como Profesor, estoy totalmente de acuerdo en fortalecer las medidas de seguridad en los establecimientos educacionales y su entorno, reforzando el capital humano y el fortalecimiento de la salud mental de toda la comunidad educativa, más allá de la implementación de los polémicos detectores de metales.